Obispos, elecciones y Mateo 25

Nuestros obispos han abierto la caja de Pandora. A estas alturas, debería ser innecesario reivindicar el pluralismo político de los cristianos. Dice la Nota episcopal: “Si bien es verdad que los católicos pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos, también es cierto que no todos los programas son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana, ni son tampoco igualmente cercanos y proporcionados a los objetivos y valores que los cristianos deben promover en la vida pública”. Es decir, será un “buen cristiano” quien vote por tal y un “mal cristiano” quien vote tal otro, ya me entiende usted.

El Concilio Vaticano II asumió que los cristianos son mayores de edad, capaces de discernir por sí mismos -de acuerdo con su conciencia y a la luz de su fe- sus compromisos históricos. Sin embargo, nuestros obispos, últimamente, defienden sus posturas en materia de doctrina social y moral como si de doctrina revelada se tratase. Grave error: la doctrina social y moral de la Iglesia es una palabra humana y, por lo tanto, evoluciona con la historia y es falible. La revelación, en cambio, es Palabra divina e inmutable.

Nuestros obispos no tienen el número de teléfono del Espíritu Santo: no tienen, por más que se empeñen, el monopolio de la interpretación de la moral natural. Aparentar que una posición particular tiene conexión directa con la revelación rallaría, simple y llanamente, la herejía. Lo cristiano es desentrañar esta moral natural entre todos los creyentes, deliberativa-mente.

Imagino muchos cristianos españoles preguntándose hoy qué es “más cristiano”: ¿un proyecto político al servicio de la igualdad de oportunidades real u otro que consolide los mecanismos de creación simultánea de elites y de excluidos?, ¿la solidaridad social y económica con los más débiles o el culto al enriquecimiento individual?, ¿la lucha por el desarrollo de los países del Sur o el turbocapitalismo neoliberal?

La misma pregunta vale en materia de derechos civiles. Son muchos los cristianos progresistas que han apoyado el matrimonio gay no por progresistas, sino por cristianos. Porque entienden que vedar el matrimonio civil a los homosexuales era una injustificable discriminación por motivos de orientación sexual. Y nada más cristiano que luchar contra cualquier forma de discriminación, sea cuál sea su causa.

El problema fundamental de muchos cristianos progresistas es que nuestros obispos no nos representan. A diferencia de otras Iglesias cristianas, la católica no es, en absoluto, una institución democrática, cosa que no tiene ninguna justificación teológica. En los inicios del cristianismo, los obispos eran elegidos por su comunidad. “Ningún obispo impuesto” escribió el papa y santo Celestino I.

Como la cúpula de la Iglesia católica monopoliza su representación pública, la sociedad puede acabar pensando que la Iglesia empieza y acaba con ellos. Para evitarlo, es básico que los sectores progresistas del catolicismo tengan también presencia pública. Para conseguirlo, sin duda lo mejor sería democratizar las estructuras de poder de la Iglesia, para que nuestros obispos fueran ideológicamente plurales, tal como los fieles que supuestamente representan. Los cristianos queremos votar cristianamente, pero no solamente fuera de la Iglesia, sino también dentro de ella.

Ante el escoramiento ultraconservador de nuestra jerarquía, la reacción de una parte de nuestra sociedad es rechazar la intervención pública de las religiones. Pero sería una mala solución. Dos errores son muy comunes a la hora de abordar este asunto. Tan grave es cuestionar la autonomía de los poderes democráticos y su legitimidad para dictar las normas comunes de convivencia, como relegar la religión al espacio privado.

El neoconfesonalismo pretende que la religión ejerza su papel público desde la alianza con el poder político. El laicismo –distinto de la laicidad- pretende impedir que las religiones se expresen públicamente. Pero en democracia la religión no debe ser considerada sólo un asunto privado, lo cual no significa que deba vulnerarse la estricta separación entre el Estado y las distintas confesiones. El lugar de la religión, en tanto que hecho público, es la sociedad civil: la esfera de las organizaciones particulares, basadas la libre adhesión de sus miembros, pero con vocación pública.

En cualquier caso, si algún problema sigue teniendo España, hoy, no es tanto de laicismo como de laicidad insuficiente. Quizás haya tentaciones laicistas en algunos sectores de la izquierda española. Pero más grave es que una determinada Iglesia pretenda mantener sus privilegios en el sistema fiscal o en la educación. No sólo es poco acorde con nuestro ordenamiento constitucional, sino sobre todo poco cristiano. Los católicos deberíamos ser los primeros en exigir el fin de nuestras ventajas injustificadas.

Viendo la actual polémica, uno se acuerda de Mateo 25: a los que dieron de beber al sediento, de comer al hambriento y de vestir al desnudo -dice allí- Cristo los salvará; a los que pasaron de largo, los condenará. ¡Que Dios los coja confesados!

Paz justa en Palestina (2)

La segunda quincena de enero ha traído la mayor ofensiva militar israelí en Gaza, desde que en 2005 el ejército hebreo se retiró de la franja, tras 38 años de ocupación. Si en la “Vuelta” de enero exponíamos nuestras dudas sobre las posibilidades de éxito del proceso de Anápolis, un mes después, la agresión israelí -unido al cierre de fronteras, con el riesgo de crisis humanitaria que éste conlleva- parece alimentar las peores expectativas. ¿Si el gobierno israelí tuviera verdadero interés en las negociaciones con el gobierno de Abbás, entraría a sangre y fuego en territorio palestino, por mucho que sea la parte bajo control de Hamás? Israel no tardó ni diez días, desde que Bush se fue de Jerusalén, en poner en grave riesgo el proceso de paz.

Olmert, primer ministro, y Ehud Barak, hoy ministro de Defensa, argumentan que desde Gaza, los milicianos de Hamás y de Jihad ponen en riesgo la seguridad de Israel con el lanzamiento diario de decenas de cohetes kassam. Durante la tercera semana de enero, en Sderot, en el sur de Israel, impactaron unos ciento veinte cohetes disparados desde la franja, sin causar ninguna víctima mortal. En el mismo período, los soldados israelíes mataron a 36 personas -no todas ellas, por cierto, milicianos palestinos-. ¿Una vida humana por cada cuatro cohetes? ¿Puede el mundo civilizado aceptar algo así sin inmutarse? ¿Puede la sociedad europea observar esta situación de manera impasible, sin hacer nada?

Cuando los palestinos, con Arafat a la cabeza, reconocieron el derecho a la existencia de Israel dentro de unas fronteras seguras, el Estado hebreo perdió toda justificación –si es que alguna vez había tenido alguna- para seguir con la ocupación. Fue en los Acuerdos de Oslo cuando la OLP hizo plenamente efectivo este reconocimiento. Y fue allí donde los israelíes se comprometieron a un proceso de desocupación progresiva. La causa de Oslo había sido la primera Intifada, que consiguió sensibilizar la opinión pública mundial sobre el drama palestino. Su consecuencia fue un inicio de retirada, pero que a la hora de la verdad sólo dio lugar a un Estado palestino imposible: una serie de bantustanes aislados, que en realidad no sirvieron más que para consolidar el régimen de apartheid que el ocupante había instaurado en Cisjordania y Gaza desde 1965.

Oslo había dejado en el aire las tres cuestiones fundamentales para una paz justa, es decir, una paz duradera: el asunto de los refugiados, la capitalidad de Jerusalén y la delimitación de las fronteras con Israel. En las negociaciones de Camp David, el año 2000, durante los últimos días de la presidencia de Clinton, Arafat rechazó la propuesta que le había hecho el entonces primer ministro, Ehud Barak, para cerrar estos tres asuntos y alcanzar una paz definitiva. Barak, el mismo hombre que desde hace meses ordena asesinatos selectivos de ciudadanos palestinos, milicianos o no, para proteger a su país.

El rechazo de Arafat en Camp David fue muy criticado: el líder palestino apareció a los ojos de la opinión pública mundial como un viejo obstinado que era incapaz de aceptar la “generosa oferta” israelí. Pero la verdad es muy otra. Hay un par de libros que explican cómo la propuesta israelí era completamente inaceptable para los palestinos: Lo que pasó realmente en Camp David (2001), de Akram Hanniyyé y La Rêve brisé, de Charles Enderlin, cuya versión fue confirmada por los protagonistas directos de la negociación.

La consecuencia del fracaso de Camp David fue el colapso completo del proceso de paz iniciado en Oslo. Aunque en verdad, la crisis de Oslo había empezado cinco años antes, con el asesinato del presidente Rabin, su impulsor, a manos de un extremista judío. Toda una premonición. Hoy muchos se preguntan si Israel está dispuesta a dar a Abbas más de lo que ofreció a Arafat en Camp David. Si no es así ¿permitirá el pueblo palestino que su presidente acepte hoy un acuerdo peor -más injusto todavía- que aquél que Arafat rechazó el año 2000?

Publicado en el número de febrero de la revista El Ciervo

Paz justa en Palestina (1)

La Conferencia de Annápolis celebrada a finales de noviembre, bajo el auspicio de los Estados Unidos, ha permitido recuperar unas ciertas expectativas optimistas sobre la posibilidad de que Palestina e Israel alcancen, por fin, un acuerdo definitivo que ponga fin a casi sesenta años de conflicto. La posterior Conferencia de donantes, en París, a mediados de diciembre, pareció confirmar estos augurios positivos. Sin embargo, más allá de que las esperanzas sobre la factibilidad de una nueva “hoja de ruta” sean más o menos fundadas, hay un principio en la tragedia de Oriente Medio que la realidad impondrá una y otra vez de manera tozuda: la paz sólo puede ser duradera si es una paz mínimamente justa.

Probablemente, para entender qué cosa sea una paz justa en Palestina, vuelva a ser necesario hacer un repaso histórico de cómo se ha llegado hasta la situación actual. Cuando la ONU, en 1947, propuso el plan de partición de la Palestina histórica, en aquel momento bajo mandato británico -una tierra a la cual, no lo olvidemos, los británicos habían llegado hacía a penas tres décadas-, dibujó un mapa con un Estado judío con el 55% del territorio y un Estado árabe con el 45%. El año 1948 los judíos proclamaron de forma unilateral el Estado de Israel, a lo cual siguió una ofensiva militar de los países árabes vecinos (Egipto, Siria y Jordania). El resultado de esta primera guerra árabe-israelí es de todos conocido: el ejército judío acabó ocupando hasta un 78% de la Palestina histórica, hasta la llamada green line (que partía la ciudad de Jerusalén por la mitad), dejando a los árabes reducidos al 22% de su antiguo territorio. Y más de 700.000 palestinos procedentes de la parte ocupada por Israel pasaron a ser refugiados, instalados en campos levantados en Siria, Líbano, Jordania o el 22% en manos árabes (la tierra que hoy conocemos como Cisjordania, en aquel momento bajo soberanía y administración jordana, a falta de un Estado palestino independiente, más la franja de Gaza).

En 1967 los países árabes vecinos decidieron atacar nuevamente a Israel. Fue la célebre Guerra de los Seis Días, un fiasco militar para los árabes, cuya consecuencia fue la ocupación por parte de Israel del 100% de la Palestina histórica. A raíz de esta segunda guerra árabe-israelí, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó su no menos célebre Resolución 242, en la que ordenaba al ejército israelí a retirarse hasta la green line, es decir, hasta la línea de armisticio del año 49. Se trataba de una resolución altamente polémica, porque instaba a las dos partes en conflicto a conseguir una paz basada en la idea de dos Estados vecinos e independientes, pero no hacía referencia al plan de partición de 1947 y en cambio sí hablaba del status quo territorial instaurado a partir de 1949. Hasta cierto punto podía interpretarse que la ONU se rectificaba a sí misma, en un asunto tan trascendental como era el de los límites de un Estado creado por el propio Consejo de Seguridad: de una propuesta inicial (la Resolución 141, de 1947) que proponía una distribución de 55% - 45%, veinte años después se pasaba a legitimar ambiguamente (en la Resolución 242, de 1967) un nuevo reparto de 78% - 22%.

Aun así, a día de hoy todavía es hora que Israel cumpla esta resolución. Naciones Unidas le dio la cobertura jurídica y política para nacer como Estado y, sin embargo, Israel es incapaz de acatar las obligaciones que le impone esta organización que representa la comunidad internacional y sin la cual, simplemente, no hubiera podido existir.

Estamos ante un caso indiscutible de ocupación militar ilegal: un ejército extranjero ocupa, contra lo que dictamina el derecho internacional, una tierra que no le pertenece. Por esto, una paz justa en Palestina pasa, de entrada y sin duda, por la retirada del ejército israelí de Cisjordania y de Jerusalén Este. Esta debe ser la base primera, el punto de partida, de todo acuerdo aceptable y duradero. Seguiremos.


Publicado en la revista El Ciervo

Salud, pobreza y patentes

Transcripció de l'article escrit conjuntament per l'ex-president de la Generalitat, Pasqual Maragall i per mi mateix, i publicat al diari El País el passat dia 3 de gener.

LA CUARTA PÁGINA
Salud, pobreza y patentes
PASQUAL MARAGALL Y TONI COMÍN 03/01/2008

¿Quién financia la investigación farmacéutica y sus elevados costes? Las multinacionales sólo investigan si pueden recuperar su inversión por medio de las patentes, es decir, si la investigación les resulta mínimamente rentable. Lo cual conduce a una dramática paradoja. Con patentes, los países pobres no tienen acceso a determinados medicamentos muy necesarios, porque los precios de patente son demasiado caros para ellos (es lacerante que la vida de miles de personas dependa de medicinas que existen, pero que los sistemas de salud del Sur no pueden pagar). Sin patentes, los países pobres tampoco dispondrían de los medicamentos necesarios, porque sin posibilidad de negocio no habría nuevos descubrimientos farmacéuticos.

El fallo del Tribunal Superior de Chennai, en la India, sobre el caso Novartis, el pasado agosto, puso sobre la mesa un tema interesante y complejo. Como se recordará, Novartis interpuso una demanda contra la Ley de Patentes india, por considerar que se extralimitaba a la hora de aplicar las excepciones al régimen de patentes que prevé el ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Este Acuerdo internacional, del año 1994, regula el derecho de las multinacionales farmacéuticas a cobrar los medicamentos a precio de patente, así como el derecho de los países pobres a ser eximidos de su pago en determinadas circunstancias. Prevé que los Gobiernos en situación de emergencia sanitaria puedan conceder las llamadas "exenciones", es decir, fabricar medicamentos genéricos o importarlos de otros países.

Como es sabido, el precio de los genéricos es sensiblemente inferior al de un medicamento patentado, lo cual permite a los sistemas sanitarios de los países del Sur disponer de medicamentos que de otro modo difícilmente estarían a su alcance. Dicho en plata, los genéricos salvan vidas y lo hacen, precisamente, permitiendo que actúe la lógica de la competencia. Las patentes no son más que un monopolio temporal, sin el cual no se podría financiar el alto coste de la investigación. Cuando se fabrican genéricos cesa el monopolio y, en virtud de las leyes del mercado, los precios se desploman.

En 2001, los países de la OMC, España incluida, firmaron la Declaración de Doha, según la cual la normativa internacional sobre propiedad intelectual "puede y tendrá que ser interpretada y aplicada de tal modo que apoye el derecho de los miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, a promover el acceso a los medicamentos para todos". Pero la interpretación de los países en desarrollo y de las multinacionales farmacéuticas difiere irreconciliablemente, hasta el punto de librar costosas batallas judiciales.

La salud es un derecho. Las multinacionales actúan según la lógica del beneficio. ¿Cómo equilibrar este conflicto de intereses, del que depende la vida de millones de enfermos del Sur? La investigación, ciertamente, es cara. Pero según la OMS, las multinacionales farmacéuticas son un negocio muy rentable. Según el Informe 2006 de la Comisión sobre Salud Pública, Innovación y Derechos de Propiedad Intelectual de la OMS, "entre 1995 y 2002 la industria farmacéutica fue la más rentable de Estados Unidos, en términos de beneficio neto medio después de impuestos como porcentaje de los ingresos. El 2003 decayó un poco (...) pero mantuvo un margen de rentabilidad del 14%, tres veces superior a la media de todas las empresas incluidas aquel año en la lista Fortune 500".

El Parlament de Catalunya, a raíz del caso Novartis, puso sobre la mesa una propuesta que intenta superar aquella paradoja. Se trata de una idea relativamente sencilla: un Fondo Mundial de Rescate de Patentes, que permita, en primer lugar, liberar la patente de aquellos medicamentos ya desarrollados, pero cuyo precio los hace inaccesibles a las poblaciones del Sur; y, en segundo lugar, orientar la investigación hacia aquellas enfermedades que afectan a centenares de miles de personas pobres del Sur, pero que no son rentables comercialmente. Algo parecido al sistema de "premios" que promueven el profesor James Love o el propio Joseph Stiglitz.

Una propuesta así es inocua para las empresas farmacéuticas. No perjudica la investigación, sino que la favorece. Gracias al Fondo, las multinacionales cobrarían de golpe aquello que, en virtud de la patente, van cobrando poco a poco a través del mercado. Una vez pagado el "rescate", habría plena libertad para fabricar los genéricos de medicamento "rescatado" y, por tanto, para que se activaran los eficientes mecanismos de la competencia. Obviamente, el verdadero problema de esta propuesta es cómo financiarla. Sin embargo, con voluntad política se pueden imaginar soluciones. Probablemente, 10.000 millones de dólares anuales servirían para comenzar. Una cifra importante, pero que equivale sólo al 0,02% del PIB mundial.

Se podría establecer algún tipo de impuesto mundial para financiar este Fondo. ¿No sería esta propuesta un buen motivo para empezar a caminar por la senda de un sistema fiscal global? Si se ha globalizado casi todo, desde los mercados financieros hasta el comercio, pasando por las empresas, ¿por qué no pensar en globalizar también la financiación de los derechos sociales? La disminución de las tensiones entre el Norte y el Sur -por no hablar de la disminución de los resentimientos que causan luego tantas tragedias- sería sin duda significativa.

De hecho, la Iniciativa Mundial contra el Hambre y la Pobreza -lanzada en 2004 por Lula, Chirac, Lagos y Kofi Annan, y a la que se sumaron luego Zapatero y Schröder- acabó proponiendo un mecanismo de financiación que tiene ya cierto aspecto de impuesto global: una tasa sobre los billetes de avión. En el marco de esta misma Iniciativa, el Informe Landau sobre Las nuevas contribuciones financieras internacionales proponía -ya en 2003- hasta una decena de posibles impuestos globales, en base a los cuales organizar un embrionario régimen tributario internacional.

Un Fondo Mundial de Rescate de Patentes o algo similar, más allá de cual sea su mecanismo de financiación, merece ser considerado seriamente. Se ajusta plenamente a los Objetivos del Milenio. ¿Qué debería impedir un consenso global entorno a una idea de este tipo? Las fuerzas y movimientos progresistas de todo el mundo harían bien en liderarla. Los neoliberales no tienen nada que oponer a ella. Probablemente, habría que empezar por conocer la opinión de las propias multinacionales farmacéuticas.

Se dice que a las fuerzas progresistas del mundo -de izquierda y centro-izquierda- la globalización las ha pillado de traspié, sin ideas que las distingan verdaderamente de las fuerzas conservadoras. Para desmentirlo, nada mejor que hacer propuestas audaces y ofrecerlas a propios y a extraños. Audaces no porque sí, sino porque la globalización es, en sí misma, un proceso audaz, que plantea retos desafiantes. La propuesta de un Fondo Mundial financiado con un impuesto global -que garantice una financiación suficiente, previsible y estable del mismo- puede parecernos audaz. Pero lo que hoy nos parece audaz, a nuestros nietos, probablemente, les parecerá simplemente una obviedad.

Las empresas farmacéuticas tienen necesidad de financiar una investigación cara, muy cara. Pero no debemos cargar esos costes sobre una población para la cual la disminución de los precios de la salud es absolutamente vital. Permítasenos acabar con una reflexión que uno de nosotros escribió para otra ocasión: "Siempre he creído que el beneficio que las ideologías empresariales o sociales, de derechas o de izquierdas, confieren a sus adeptos consiste en el ahorro de combustible mental que suponen y en el paraguas moral que regalan. Y que los ciudadanos pagan los costes de esos dos beneficios".

Pasqual Maragall i Mira es ex presidente de la Generalitat de Cataluña. Toni Comín i Oliveres es diputado del Parlamento de Cataluña (PSC-CpC).

Enlace al artículo en formato PDF, de la edición impresa de EL PAIS.

A un héroe de nuestro tiempo

Gracias Gregorio, por tantas y tantas cosas. Gracias por ser comunista: por creer en la posibilidad de una sociedad justa, más allá del capitalismo, una sociedad democrática donde el hombre, sus derechos y sus sueños, sea el centro de la vida, una sociedad sin explotación ni dominación.

Gracias por tu lucha clandestina, durante el largo y oscuro túnel del franquismo. Gracias por todo lo que cuentas de aquellos años en tus memorias. Gracias por no confesar el nombre de los camaradas del partido, mientras eras torturado en los sótanos de la policía de la dictadura. Gracias por la perseverancia con que tejiste unas frágiles pero heroicas redes de resistencia, jugándote la vida, tu junto a tantos otros tantos, a los que siempre que has podido has querido recordar. En los distintos homenajes que has recibido los últimos años –Medalla d’Or de la Generalitat, Honoris Causa de la UPC, Premio Internacional Alfonso Comín- no has desaprovechado ocasión para explicar que premiándote a ti se premiaba a todo un colectivo de luchadores, y que tu aceptabas el premio sólo y exclusivamente en representación de todos ellos.

Gracias por tu combate por la democracia y por las libertades. Gracias por tus años de secretario general, y luego presidente, del PSUC. Gracias por tu apuesta, junto con el Guti, a favor del eurocomunismo, por vuestra lúcida y generosa estrategia durante la transición. Gracias por hacer del PSUC el más admirado partido que haya dado la historia de la Catalunya del siglo XX.

Por cierto, gracias también por tu disputa con el Guti a propósito de tu relevo en la secretaria general: tu querías que el te sucediera, él quería que tu continuaras. Se trataba nada más y nada menos que del cargo más importante de la época, de entre las fuerzas políticas democráticas. Y no os peleabais por arrebataros el poder, sino para cedéroslo. Gracias por vuestro ejemplo de ética y de lealtad.

Gracias por creer en y trabajar por la unidad civil del pueblo catalán, vinieran de dónde vinieran cada uno de sus ciudadanos. ¿Cuántos días de tu vida, durante la lucha antifranquista, los dedicaste a repartir “Treball” clandestinamente, por todos los rincones de Catalunya, tu, un aragonés, a veces al precio de caminar horas y horas de un pueblo a otro, porque aquél era el diario de la clase trabajadora, pero también porque era el único periódico escrito en catalán en plena dictadura? Gracias por esto, también.

Gracias por abrir el PSUC a los cristianos por el socialismo, gracias por tu preciosa amistad -política y personal- con Alfonso Comín. Gracias por dejarte interpelar por su testimonio de fe, tu, un ateo de toda la vida. Según explica, con su entusiasmo habitual, nuestro común amigo José Antonio González Casanova, en una ocasión asististe a una conferencia suya sobre Alfonso, donde él habló mucho sobre Dios y sobre la fe de su amigo. Y al salir le confesaste: “Ahora he entendido, por fin, cuál es el sentido de la fe”.

Cuando el año pasado fuimos a tu casa a comunicarte que la Fundación Alfonso Comín, de la que habías sido patrono durante tantos años, había decidido darte su Premio Internacional, exaequo, con otro viejo insigne, el jesuita José María Díez Alegría, nos dijiste con tu ironía habitual: “¡Me habéis hecho una buena encerrona! Pensaba deciros que no lo aceptaba, porque es muy feo que la Fundación premie a un antiguo miembro de su patronato, y porque yo ya he recibido demasiados premios en los últimos tiempos. Pero ¿cómo voy a decir que no, si me lo concedéis conjuntamente con un cura? No puedo decir que no. Acepto por la ilusión que me hace hacer pareja con un cristiano como éste.” Gracias, una vez más.

Gracias, además, por tu compromiso incondicional con todas las causas justas del mundo, por tu internacionalismo solidario. En los últimos tiempos seguías con atención el movimiento altermundialista. Nunca faltaste, ni llegaste con retraso, a las citas de la historia. Recuerdo, aunque yo fuera sólo un niño, que fue a propuesta tuya que la Fundación dio su tercer Premio a un tal Nelson Mandela, en el año 85, cuando apenas empezaba a conocerse por el mundo el nombre de aquel preso. O cuando el año siguiente acompañaste a la presidenta de la Fundación a Nablús, a entregar el cuarto Premio a Bassam al-Shakah, que lo recibía en representación de la lucha colectiva del pueblo palestino.

Gracias, Gregorio, por tu bondad. Por hacernos entender que no sirve de mucho creer en la revolución, si no se hace desde un corazón limpio. Gracias por tu honestidad, por tu coherencia, por tu valentía y tu compromiso. Y todavía por muchas otras cosas.

¿Cómo deberían ser los partidos del siglo XXI? Del partido europeo a los partidos-red

¿Cómo serán los partidos del siglo XXI? ¿Cómo deberían ser? Sobre estas cuestiones, como es de suponer, se han escrito ríos de tinta. De entrada, habrá que reconocer que, por ahora, los partidos del siglo XXI son muy parecidos a los del siglo XX, puesto que el siglo XXI ya ha empezado y las organizaciones políticas, en lo fundamental, siguen funcionando como siempre. Pero ¿es razonable que mientras la sociedad cambia a un ritmo acelerado los partidos sigan igual? ¿Son útiles unos partidos propios de la era industrial en el nuevo mundo de la globalización económica, internet y las sociedades multiculturales?

Es difícil saber qué deberíamos hacer con los partidos políticos si antes no volvemos a preguntarnos por el propósito de su existencia. ¿Para que se inventaron, por qué nacieron? Podríamos dar a esta pregunta una respuesta de ciencia política, más o menos la siguiente: los partidos nacieron para hacer de intermediarios entre la sociedad y las instituciones que la gobiernan. Así, a medida que hemos ido avanzando hacia un sistema democrático los partidos políticos se habrían ido haciendo cada vez más necesarios, dado que esta función de intermediación entre ciudadanía y gobierno se ha hecho imprescindible para el funcionamiento mismo del sistema político.

La historia política moderna como proceso de democratización

Sin embargo, para la reflexión que queremos hacer aquí quizás sea más útil responder este interrogante con una respuesta de tipo histórico y retrotráenos, para ello, bastante atrás. ¿Qué han sido históricamente los partidos, en un sentido amplio de este concepto? Si echamos un vistazo a la historia de nuestro sistema político, desde el nacimiento del Estado moderno hasta, podemos encontrar un hilo conductor que ha ido guiando el proceso de cambio institucional: la democratización. En efecto, visto así, la historia política de Europa, a lo largo de la modernidad, sería la historia de la democratización progresiva del sistema político. Democratización entendida -de una manera sin duda particular- como el proceso de construcción de la ciudadanía como categoría política y jurídica, y de ampliación, profundización y extensión de nuevos derechos para los ciudadanos.

Así, el Estado Absoluto del siglo XVII funda y garantiza el derecho a la seguridad (como versión primitiva del derecho a la vida); el Estado Liberal clásico del XVIII se construye a partir los derechos civiles (libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de pensamiento, derecho a la propiedad privada, etc.) proclamados de manera solemne con la Revolución francesa; el Estado Liberal democrático del siglo XX añade los derechos de participación política (derecho al sufragio, derecho de asociación y de sindicación, etc.); y el Estado Social del siglo XX da carta de naturaleza a los derechos sociales (derecho a la salud, a la educación, derechos laborales, etc.). En síntesis, cada vez más derechos, mejor garantizados, para más gente.

Pues bien, los partidos han sido, en esta historia de la Europa política moderna, son los actores sociales que han impulsado este proceso de cambio institucional. Durante la modernidad, el cambio de un paradigma institucional al siguiente se ha dado, en muchas ocasiones, por medio de revoluciones. Los partidos han sido, en estos casos, los propulsores de estas revoluciones. Así, el paso del Estado Absoluto al Estado Liberal fue promovido por el partido liberal; y con ello no nos referimos a ningún partido en concreto sino a aquella parte de la sociedad que, organizada de modos distintos en cada país -a veces a través de partidos estrictamente dichos, pero no sólo- actuó para promover el cambio. De la misma manera, el partido socialista, en este sentido amplio del término, fue el promotor en la Europa del siglo XIX y XX el motor del cambio hacia el Estado Social.

Visto así, los partidos, en síntesis, no han sido más que el instrumento a través del cual se ha impulsado la democratización del sistema político, articulado durante la modernidad entorno del Estado. Y en lo fundamental, esto es lo que deben seguir siendo, si quieren ser algo. La gran diferencia es que, hoy, el Estado ya no es el terreno principal o exclusivo en el marco del cual llevar a cabo esta tarea.

Nuestra pregunta inicial, pues, queda redefinida. ¿Cuáles son las nuevas metas, las nuevas fronteras de este proceso indefinido de democratización que es, en realidad, nuestra historia política y del que los partidos, por así decirlo, no son sino meras variables? Señalaremos algunas.

El partido europeo

De entrada, ya lo hemos avanzado, la globalización se ha convertido en el gran fenómeno, el fenómeno fundante, que redefine las reglas del juego de nuestras sociedades actuales. Seamos un poco marxistas, por una vez, y admitamos que el cambio tecnológico es el que está determinando la marcha de la historia. Las TIC han dado paso a una nueva era, han permitido la emergencia de un capitalismo mundial integrado, han catapultado el conocimiento (ya no el capital, el trabajo o la tierra) como el factor productivo decisivo de nuestro tiempo, y han dejado al Estado nación obsoleto para regular los mercados.

Sin embargo la función del Estado Social, la última frontera conquistada del proceso de democratización, era precisamente ésta: controlar, desde las instituciones políticas democráticas, los desmanes del capitalismo. Es más, la izquierda moderna nació para esto y no para otra cosa: para humanizar –ya fuera vía reforma o vía revolución- unas sociedades industriales que el capitalismo convertía a la vez en lugares tan prósperos como injustos.

Así, el primer objetivo del proceso de democratización, hoy, es salvaguardar las conquistas de la modernidad en términos de derechos, de humanización de las estructuras sociales y de justicia. Para ello habrá que adaptar el Estado Social a la nueva realidad global. En nuestro caso, la manera de hacer esto es construir la Europa política. Hace falta la Europa política para rehacer a escala europea el Estado Social, para recrearlo de acuerdo con las reglas del juego de la economía del conocimiento, de los mercados globales. Hace falta la Europa política para regular la sociedad global, para contribuir a domesticar la globalización neoliberal y dotarla de reglas que pongan los mercados globales al servicio del desarrollo humano. Estado Social para adentro, Estado Social para afuera.

Y una Europa política necesita partidos europeos. Llegaremos a ellos por necesidad. Necesitamos partidos, por sí mismos, sean global players: actores que puedan influir a escala global. La izquierda europea tiene que encontrar los mecanismos de organización que le permitan tener una voz identificable en la sociedad mundial. ¿Un sueño? ¿Una utopía ingenua? No lo sé, pero partidos que sean global players, en tanto que partidos, existir ya existen: ¿acaso no lo es el Partido Republicano de los EEUU, o el Partido Comunista Chino? ¿Por qué no puede tener el ciudadano europeo de izquierdas un partido que lo represente en el concierto global? Pero para ello, insistimos, hace falta un cambio de dimensión: pasar de los partidos de escala nacional a otro partido, aun por hacer, de escala continental.

El partido ciudadano

Este proceso de readaptación del Estado Social tendrá que hacer frente también a otro fenómeno fundamental de nuestros días: el proceso de individualización -algo distinto de la cultura del individualismo- Individualización quiere decir que las vidas de cada cual cada vez son menos estandarizables, menos previsibles, menos seguidoras de un guión preestablecido. Individualización quiere decir, hasta cierto punto, pluralidad ética y cultural, quiere decir, si se quiere, democratización de las cosmovisiones. Pero la indivudualización es hija, también, de la nueva estructura productiva. La era industrial creó una clase media relativamente homogénea. El paso a una economía del conocimiento y de los servicios deshilacha la clase media: media clase media se hace pija, otra media se hace precaria, otra mitad ni una cosa ni la otra, y tantas otras mitades siguen un curso distinto a las demás. Muchas mitades, muchos itinerarios vitales inclasificables…

Ya no nos definimos como una sociedad de clases, sino de ciudadanos. Pero esto no significa que no haya clases, desigualdades, ni que las oportunidades no estén injustamente distribuidas. Todo lo contrario. Ocurre, sin embargo, que los factores de exclusión o de discriminación se diversifican y se mezclan en geometrías variables. Lo cual impide que, como antes, los individuos se sientan formando parte de grupos sociales amplios y homogéneos, con una problemática común. Ahora son, más bien, ciudadanos con un catálogo de problemas particular e intransferible. ¿Cómo reconstruir, en este contexto, los vínculos de solidaridad? ¿Cómo cuadrar el círculo que haga viable la justicia social y sus garantías institucionales, pero asumiendo los nuevos procesos de individualización? Los partidos (al menos los progresistas) han nacido para construir mecanismos públicos de solidaridad. Y en este nuevo mundo de ciudadanos “no agregables”, “no clasificables”, las instituciones –y los partidos que aspiran a ocuparlas- tienen delante de sí un reto ciertamente complejo.

El partido-red

Una última frontera del proceso de democratización es, sin lugar a dudas, el tan cacareado asunto de la participación, la profundización de la democracia y la proximidad. ¿Cómo organizar la función de intermediación y representación política en una sociedad más compleja, más diversa culturalmente, más educada e informada, más consumista y mediática, tecnológicamente más avanzada, más sofisticada y más frágil al mismo tiempo, más líquida, en suma, para decirlo en palabras de Z. Bauman?

El sistema económico es un espejo en el que nos podemos inspirar. Las empresas de hoy, como bien nos contaba M. Castells en su célebre trilogía, son empresas-red. Esto quiere decir que es organizan en una estructura flexible, hecha de deslocalizaciones, de externalizaciones, de unidades funcionales que se hacen y se deshacen. Cada vez sirven menos las viejas empresas fondistas, estructuradas como una pirámide fija. ¿Por qué este cambio? Para maximizar la productividad, para garantizar la competitividad ante unos mercados mucho más volubles que antaño.

¿Es posible hacer algo parecido con las organizaciones políticas? ¿Es deseable? El objetivo, en el caso de los partidos, ¿cuál debería ser? Obviamente, no podría ser otro que maximizar su productividad. Pero ¿qué es la productividad en el caso de los partidos? ¿Cómo la medimos? Como decimos, se trata de maximizar la productividad en términos de participación. No se trata de medirla en términos de votos, sino en su capacidad ya no sólo para representar, sino para incluir al ciudadano en el proceso político; su capacidad para “politizar”, es decir, activar el ser-político que, a priori, todo ciudadano, por el hecho de serlo, se supone que lleva dentro.

El proceso político tiene muchas fases y muchas actividades a través de las cuales se manifiesta: el debate, la movilización, la formación y la información, la deliberación, la toma de decisiones propiamente dicha, el control de las instituciones y los gobiernos, etc. Para maximizar la productividad en términos de participación, de la misma manera que las pirámides fordistas ya no valen para crear riqueza en el caso de la empresa, tampoco sirven ya los clásicos partidos políticos piramidales, herederos del centralismo democrático. Necesitamos partidos-red: no una sino una suma de organizaciones, de distintos tamaños, cada una con su especialización funcional, que tengan una relación a la vez de conexión y autonomía.

El partido-red es una estructura compleja –y hasta cierto punto dispersa- capaz de maximizar la participación política en la medida que cada uno de los nodos ofrece una puerta distinta y específica para “entrar” en la actividad política, ya sea mediante la reflexión o la acción. Contra la visión del siglo XX, según la cual la agrupación de fuerzas en una sola organización era la manera de fortalecer la capacidad política de los partidos, probablemente hoy los partidos políticos estrictamente considerados, si quieren ser efectivamente hegemónicos, deberán renunciar a absorberlo todo, controlarlo todo, dirigirlo todo, y conformarse con ser simplemente el nodo principal de una red plural y compleja, con mil nodos complementarios, que se intercambian información, ideas, decisiones y acción.

Lo más irónico del caso es que, probablemente, a día de hoy la mayoría de los espacios políticos, en nuestras sociedades democráticas, ya estén organizados así: de manera reticular y dispersa. Sin embargo, al analizar esta situación con el paradigma antiguo –con las gafas del fordismo político- esta realidad llena de posibilidades no es reconocida como una oportunidad y una riqueza sino como un problema. Por lo tanto, el reto de hoy es conseguir que las redes lo sean conscientemente, organizar-se en forma de partido-red de manera voluntaria y no por mera necesidad, sin saber muy bien por qué. Lo fundamental es que entre los distintos nodos haya una relación de cooperación, a la vez que de autonomía, que se reconozcan y se sepan especializar, y no que se nieguen, compitan o se boicoteen entre sí. Evidentemente, las TIC e internet, igual que en el mundo de la economía, es una herramienta imprescindible para acometer con éxito esta empresa.

No olvidemos que la participación y la proximidad pasan a ser, de manera espontánea, el polo compensatorio de la construcción de partidos supra-estatales, capaces de actuar como global players. Si para reconstruir el Estado Social y para gobernar la globalización hacen falta partidos europeos, es decir, si la política en cierta medida no tiene más remedio que alejarse, ¿de qué manera devolver al ciudadano la experiencia inmediata de la democracia, tan necesaria para mantener la legitimación de este sistema político? La participación y la proximidad no son sólo una consecuencia de los mayores niveles de educación de nuestras sociedades, sino fundamentalmente una necesidad dialéctica de una política (democrática) que necesita globalizarse para recuperar la eficacia perdida.

Los partidos del siglo XXI tienen que ser capaces, en síntesis, de desplazar simultáneamente la política hacia arriba y hacia abajo –o, si se prefiere, hacia fuera y hacia adentro-. Sólo así volverán a ser el instrumento útil al servicio del proceso de democratización continua, recuperando esa función que desde los inicios de la modernidad los ha dotado de identidad y de sentido.

Publicado en El Ciervo

Las paradojas del Partido Democrático (y 3)

Artículo publicado en la sección "Vuelta al Mundo" de la edición de julio de 2007 de la revista El Ciervo

Como explicamos en los dos artículos anteriores, el Partito Democrático italiano -y su vocación de impulsar una nueva fuerza política europea- nos sitúa ante una interesante paradoja: por un lado, responde a una muy particular peculiaridad de la tradición política italiana y, por el otro, abre un necesario debate que, quiérase o no, incumbe a cualquier partido europeo de izquierda o centro-izquierda. Por un lado, seria la culminación de un complejo pero histórico noviazgo entre los democristianos italianos de izquierdas y los excomunistas procedentes del PCI. (Un matrimonio, ciertamente, que tiene el riesgo de ser una amalgama sin apenas perfil ideológico.)

Por el otro, aporta elementos que indican una necesidad de renovación del modelo de partidos todavía vigente, pero ya agotado. Fundamentalmente, tres. En primer lugar, la necesidad de crear un verdadero partido político de dimensión europea. La Europa política no es posible sin partidos europeos, pero la necesitamos como agua en mayo para impulsar una gobernanza democrática de la globalización. Sin gobierno europeo –y sin partidos que lo ocupen- esta vocación reguladora es imposible de desempeñar.

En segundo lugar, hay una fecundidad potencial en el encuentro la tradición socialista y la tradición católica. Coinciden en los valores centrales -la igualdad y una libertad que no tiene que ver con el mercado ni con el consumo- aun partiendo de bases filosóficas distintas. Si este encuentro sirve para que los católicos asuman de manera plena y completa la laicidad del Estado y para que la izquierda reconozca un valor positivo en la religión -en tanto que fuente de motivaciones solidarias- no habrá sido en vano.

Queda la tercera cuestión: la democratización de los partidos políticos. El Manifiesto del PD proclama las primarias como método irrenunciable para la elección de los candidatos. Cuando Maragall lanzó el debate sobre el PD en Catalunya, hizo especial hincapié en este asunto: “¿En EE.UU. quién elige a los candidatos? La gente. ¿Se hacen listas cerradas? No. En cambio, aquí el aparato del partido decide que el número 1 es fulano y el número 2, mengano y si tú te portas bien, irás en el número 3, y tú, ojo con lo que dices o verás... Es un sistema cerrado y burocrático.” Hace falta –vino a decir- que la relación entre representantes políticos y ciudadanos sea más directa, menos mediada por los partidos y sus aparatos.

Hay, en efecto, dos tipologías de partido, cada una con sus virtudes y sus riesgos. El modelo de partido “de aparato” tiene una estructura más leninista (recuérdese el viejo “centralismo democrático”), más Iglesia, donde los militantes están vinculados a una ortodoxia doctrinal que emana de la dirección. En el otro modelo, en principio los militantes miran más hacia fuera -hacia los electores- que hacia arriba -hacia los órganos de dirección- y, por tanto, parecería que tienen más libertad de movimientos.

En la mayoría de democracias europeas se viven los defectos de la primera tipología -llevados en muchos casos a su extremo-. La finalidad de la organización acaba por ser la organización misma. El reparto de cargos y prebendas se convierte en un mecanismo de control interno. Los militantes se comportan con sumisión, en la medida en que entiendan el partido como una vía de acceso a cargos públicos. Como explica Jordi Borja en un reciente análisis del PD: “los partidos estructurados, con una organización y una idiosincrasia propias, con historia y personalidad cultural, [tienen] un patriotismo ideológico y de aparato, que arrastran muchos intereses particulares vinculados a la permanencia.”

El riesgo de la otra tipología se vislumbra cuando ponemos los EEUU como referente. Si los candidatos tienen que ganar primarias, ¿acaban secuestrados por la financiación privada? ¿Puede el dinero acabar por sustituir al aparato en una tiranía sutil e indirecta? ¿Las primarias convierten el partido una organización de líderes y de electores, sin contar con el cojín intermedio de los militantes? ¿Pueden hacer que los partidos se orienten exclusivamente a los medios? ¿Pueden hacer, en consecuencia, que queden completamente desideologizados? Son riesgos a tener en cuenta.

Lo ideal sería conjugar las virtudes de ambos modelos, pero no parece fácil. Para muestra un botón, véase el desencuentro entre el aparato del PSF y su candidata Royale en las presidenciales francesas. Lo evidente es que el modelo actual de partidos, en Europa, parece agotado. Hay una exigencia de democratización de la vida política, que pasa por dos reformas -la de las instituciones y la de los partidos- que permitan avanzar hacia un nuevo modelo de democracia participativa. Los partidos, en efecto, no pueden tener el monopolio de las instituciones, que deben estar abiertas a los ciudadanos; y los aparatos no pueden tener el monopolio de los partidos, que deben ofrecer un espacio de participación real a sus bases y actuar con transparencia ante la opinión pública.